DESPACHO DE LEY DE TRANSFERENCIAS DA LUZ VERDE A ELECCIÓN DE GOBERNADORES

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Luego de años de tramitación y varios meses en comisión mixta, finalmente la ley de fortalecimiento de la Regionalización- o de transferencias de competencias- desde el Estado a las regiones, fue ratificada por unanimidad y despachada por la Cámara de Diputados.

Su aprobación dio luz verde definitiva a la primera elección popular de los gobernadores regionales (hoy intendentes designados), la que se efectuará en octubre de 2020 junto a las elecciones de alcaldes y concejales.

Según la reforma constitucional, aprobada el año pasado, la elección popular de estos cargos sería viable sólo si previamente se aprobaba la ley de transferencias de competencias, condición que finalmente se cumplió hoy. Además se aprobó un segundo proyecto, el de la ley orgánica constitucional que hace operativa la ley de elección de gobernadores, quedando pendiente solo el artículo sobre la duración del periodo de los consejeros regionales, el que pasó a comisión mixta para su resolución.

“Es un día histórico, lo llamamos aquí en la Cámara el súper martes de la regionalización. Hubiésemos querido que la elección fuera este año, pero no se pudo por una serie de resistencias, pero ya es un hecho que se hará en 2020. Además con esto se despeja la critica de quienes decían que íbamos elegir gobernadores sin competencias ni atribuciones”, señaló el diputado Marcelo Chávez, presidente de la Comisión de Gobierno Interior.

Heinrich von Baer, titular de la Fundación Chile Descentralizado, valoró el mecanismo gradual de traspaso de competencias desde el Estado a las regiones y lo consideró “un piso perfeccionable a futuro, pero mucho mejor que nada. Para nosotros es un día de fiesta que hemos esperado por años, en que los propios gobiernos regionales podrán además solicitar las competencias que requieran al Estado para desarrollarse”.

Así lo confirmó también Ricardo Cifuentes, subsecretario de Desarrollo Regional, quien señaló que a la ley solo le falta el trámite preventivo de constitucionalidad para su promulgación por parte de la Presidenta en enero, probablemente, o antes de que termine su mandato para su puesta en marcha en 2018.

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