Por: Cristián Villegas Director Instituto de Educación y Lenguaje Universidad de Las Américas.
Chile es un país pionero en la región en la discusión legislativa de inteligencia artificial, publicando su primera ley en 2021, antes del auge masivo y mundial de la misma. Esta se ha actualizado este año garantizando un uso ético y responsable de la IA, posicionándola como un motor para el desarrollo sostenible y fomentando la cooperación internacional para el uso de esta tecnología, teniendo como ejes la generación de infraestructura y desarrollo del talento humano para su trabajo, la promoción de la investigación e innovación estatal con IA, y la gobernanza y ética mediante marcos regulatorios. Cabe destacar que el desarrollo tecnológico es muy rápido, necesitándose una legislación que pueda responder a corto plazo a temas como su impacto en educación, el mundo laboral y la atención a los sus riegos, pero no frenando la innovación.
Actualmente el Congreso discute en torno a cómo proteger a la ciudadanía de aplicaciones de inteligencia artificial que la puedan poner en riesgo y, sobre todo, frente a la toma de decisiones automatizadas que conociendo que esta herramienta tiene sesgos y alucinaciones, puede perjudicar a ciertos segmentos de la sociedad. Es por ello que esta discusión actual busca fomentar la confianza en esta tecnología, pero aumentando la seguridad; sin embargo, lo que nace como algo positivo, puede repercutir en un marco rígido que atente a la innovación y competitividad del país en la materia. Al respecto, varias instituciones y empresas están trabajando en el desarrollo de IA tratando de seguir la velocidad y alta adaptabilidad mundial, por lo cual, cualquier legislación debería tener a la vista el no frenar este avance.
Lo anterior siempre debe ir acompañado de la consideración en el impacto social, resguardando la privacidad de las personas, la trasparencia, el acceso para aprovechar sus ventajas, sobre todo cuando se pasa a modelos de pagos, así como los resguardos éticos, por lo cual la legislación se hace necesaria, generándose una situación de requerir una normativa flexible pero equilibrada entre el fomento de la IA y la protección de los derechos de las personas.
Dentro de este contexto se hace clave el fomento de la integración de la inteligencia artificial en educación, desde niveles iniciales y siempre bajo una perspectiva ética que sea capaz de asegurar el aprendizaje, donde el estudiante no vea a esta tecnología como un atajo, sino como un apoyo y tutor. Este contexto se debe complementar con la educación superior, donde es relevante la integración de IA para preparar profesionales e introducirlos en una sociedad que ya trabaja con esta herramienta cada vez de forma más profunda.
Es por ello que la política nacional de inteligencia artificial debe integrar necesariamente el sector educativo como un elemento clave de la política, buscando la alfabetización digital de la sociedad. Varios países ya la han integrado en sus currículum y Chile no debe quedar atrás, sin embargo, se debe hacer de forma dialogada y científica, por lo que el país requiere un marco de competencias de IA dialogado con distintos actores, que permita definir una estrategia que apoye a los ciudadanos.
Es un desafío pendiente, donde Chile va hoy bien encaminado, pero no debe dejar atrás el sistema educativo.
