Como se recordará la semana pasada debió iniciarse el juicio oral por los delitos de violación con homicidio de la pequeña Ámbar, en contra del único imputado del caso, Miguel Espinoza Aravena. No obstante, la coyuntura social que vive el país, al igual que la semana pasada nuevamente fue postergado hoy el inicio del juicio, se esgrimió falta de garantías de seguridad para el traslado del imputado desde Valparaíso.
Cabe recordar que Espinoza Aravena, cumple prisión preventiva en la Cárcel de Valparaíso, y ante la toma de rutas y barricadas que conectan Valparaíso y el valle, resulta imposible garantizar la seguridad del traslado del imputado.
No obstante, el abogado Homero Caldera, defensor del acusado Andrés Espinoza Aravena, mantiene la tesis de la inocencia de su defendido, por lo cual señala que demostrará los hechos durante el juicio con pruebas científicas.
Esta vez quedó fijado el juicio para el lunes 4 de noviembre. Si así se dan las condiciones.
EL CASO
Entre lo relato por el fiscal en la audiencia preparatoria consignó que entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de abril de 2018, cuando Miguel Espinoza se encontraba en el interior de su domicilio ubicado en la villa Colunquén de Rinconada al cuidado de la pequeña Ámbar, sobrina de su esposa.
En primera instancia mencionó que desde mediados de 2017 cuando la pequeña quedó al cuidado de la familia de Espinoza, fue víctima de malos tratos físicos que fueron detectados por su entorno escolar y social.
La noche del día 27, Miguel Espinoza envió a sus tres hijos a la casa de la abuela paterna para quedarse solo en el inmueble con la pequeña Ámbar.
Fue entre las 20 horas y la 1:30 de la madrugada del 28 que el imputado habría accedió carnalmente a la pequeña, causándoles lesiones en la zona anal y traumatismo abdominal con lesión gástrica consistentes en la rotura del estómago, heridas que le causaron la muerte.
Razón por la cual se le imputa el delito de violación con homicidio, razón por la cual se pidió la pena de presidio perpetuo calificado, es decir que el condenado deberá estar 40 años en la cárcel antes de poder optar a alguno beneficio extrapenitenciario.
