Avances y retrocesos en la protección de las personas mayores

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Por: María Lorena Rossel Castagneto / Directora de carrera de Derecho UDLA, Sede Viña del Mar

El desarrollo progresivo de los derechos humanos ha contribuido paulatinamente al reconocimiento de ciertos sujetos como titulares de derechos específicos. Las personas mayores -o adultos mayores- pertenecen a este grupo, pues ellos, por distintas circunstancias, requieren una mayor protección.

En este contexto se celebró la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores ratificada por Chile, estableciendo un catálogo de derechos para este grupo de personas que alcanzan casi al 20% de la población en nuestro país. Paralelamente a ello, se ha avanzado en nuestra legislación sancionando penalmente a quienes abandonen a una persona mayor en situación de enfermedad o discapacidad. Del mismo modo, la Ley de Violencia Intrafamiliar agrava las sanciones en casos de maltrato a personas mayores y otorga facultades a los Tribunales de Familia para establecer medidas específicas de protección en su favor.

En el año 2017, la Ley 21.013 tipificó el delito de maltrato, que sanciona a quienes otorguen un trato degradante y menoscaben gravemente la dignidad de personas mayores, contemplando como penas accesorias la inhabilitación absoluta o temporal para ejercer cargos, oficios o empleos en cualquier ámbito que involucre a personas mayores. Así, se han promovido iniciativas que protegen y aseguran el reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores, de tal manera de integrarlas a la sociedad, como la reciente medida anunciada por el Gobierno que otorga a las personas mayores un 50% de descuento en el pasaje del transporte público a partir del 1 de julio de 2020.

Sin embargo, medidas concretas como la anterior, contrastan con la realidad que aún viven muchos ancianos que sufren violencia física, psicológica o patrimonial, que son abandonados por sus familias, que viven en precarias condiciones en establecimientos informales de larga estadía, o que, durante la pandemia, luchan por su derecho a la última cama.

Ello demuestra que la ley no es suficiente y que se debe avanzar en materia de protección para este grupo de personas. En efecto, como sociedad debemos asumir el desafío de respetar la dignidad de las personas mayores, valorándolos como individuos y retribuyéndoles, en parte, lo que ellos nos entregaron.

 

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