Señor director:
Las residencias de protección para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad son una medida urgente e indispensable para proteger a los niños que han sufrido vulneraciones graves a sus derechos en el ámbito familiar o fuera de él. El Estado debe hacerse cargo de protegerlos en residencias propias o derivarlos a residencias operadas por la sociedad civil.
Su existencia es esencial para la atención de estos niños y adolescentes. Sin embargo, las actuales políticas estatales apuntan en una dirección opuesta. El Servicio Mejor Niñez está imponiendo que niños y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos convivan en una misma residencia con otros que padecen graves patologías de salud mental, problemas de consumo de drogas o severos compromisos delictuales.
La autoridad no ha generado la oferta necesaria y ha optado por el camino fácil de forzar a las organizaciones de la sociedad civil que participan en el sistema, a atender en una misma residencia a niños y adolescentes sin distinción alguna de esas particularidades, lo que facilita otras formas de vulneración de sus derechos, atenta contra el interés superior del niño y vulnera los convenios que regulan la operación de estos programas residenciales.
En Chile, existen aproximadamente 210 residencias de protección administradas por organizaciones de la sociedad civil. La falta de atención especializada y diferenciada de la que el Estado no se ha hecho cargo, ha implicado el cierre de aproximadamente 28 de estas. Muchas otras lo harán también, lo que dejará a muchos niños y adolescentes en absoluto desamparo, incluso en situación de calle. Como fundación hemos representado esta grave situación a todas las autoridades y parlamentarios, sin obtener respuesta efectiva.
El eslogan «los niños y adolescentes están primero» parece ser solo eso, un eslogan.
José Pedro Silva Prado
Presidente
Fundación Ciudad del Niño
Foto: referencial
