Ante el deceso del papa Francisco, líder del catolicismo, ciertos sectores elogiaron sus reformas, en especial sobre el abuso sexual de menores por sus sacerdotes. Solo acostumbrados a los «tiempos de la Iglesia» se las consideraría oportunas; más aún cuando la exageración en las virtudes católicas de la prudencia, esperanza y caridad con los perpetradores las degenerara en vicios contra los tiempos de sus víctimas.
La ONU le indicó (2014) que se obligara a denunciar ante la justicia civil. Cuando obligó (2019) fue a informar ante autoridades diocesanas —jueces y parte—, considerando optativa y solo aceptable la instancia civil; pero siempre resguardando el secreto de confesión, sí valorado sacrosanto; a diferencia de Alemania o Argentina. La ACNUDH le acusó (2021) de obstruir y no cooperar con la justicia. Recién ante la renuncia de Hans Zollner —cofundador de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, denunciando opacidad— y el caso Rupnik, tras presiones y fuertes críticas flexibilizó (2023) sus pretensiones de prescripción para salvar a sus colegas en vez de los niños.
Las autoridades y católicos genuina y materialmente dispuestos a proteger a la infancia necesitan de un periodismo crítico que les ayude a desmontar el encubrimiento sistemático amparado institucionalmente por su fe.
