Por: Manuel Chong Fuentes. Economista y docente de Ingeniería Comercial Universidad Andrés Bello.
Con una tasa de desempleo cercano al 9% y una informalidad laboral que afecta a más de una cuarta parte de los trabajadores, Chile enfrenta una urgencia que no se puede aplazar. Es necesario mejorar la calidad del trabajo y progresar en la inserción laboral de grupos históricamente excluidos. En este contexto, la reciente propuesta del Subsidio Unificado al Empleo (SUE) se plantea como una acción que tiene como objetivo mover la aguja.
Se trata de una apuesta necesaria. La fragmentación de los antiguos subsidios (como el Empleo Joven o el Bono al Trabajo de la Mujer) no solo generaba confusión, sino que también se había vuelto ineficaz. Con montos restringidos, alta burocracia y escaso impacto, estos programas acabaron por diluir su propósito original. Por otro lado, el SUE propone una estructura robusta, adaptable y con mayor alcance. La combinación de beneficios tanto para el empleador como para el trabajador, con un valor que puede llegar hasta $185.000 mensuales, implica un cambio en cómo se promueve la formalización del empleo.
Ahora bien, el diseño no solo resulta más atractivo por sus cifras. Hay indicios importantes de una política bien estructurada. Por ejemplo, la focalización en PYMEs, que concentran parte de la informalidad, y la incorporación de criterios como la vulnerabilidad socioeconómica, la edad o la discapacidad para priorizar a los beneficiarios. Además, es positivo que el subsidio se restrinja a nuevas contrataciones, lo que busca asegurar que se generen empleos adicionales y no solo se subsidie lo que ya existe.
Sin embargo, el triunfo de esta medida no dependerá solo del diseño técnico. Lo que marcará la diferencia será la implementación. Antes, muchos subsidios se quedaron cortos porque el trámite era engorroso. Por lo tanto, garantizar que la plataforma digital funcione como una “ventanilla única” y que el SENCE tenga la capacidad operativa para gestionar cientos de miles de peticiones no será trivial.
Además, será crucial supervisar que no se generen abusos. Si las empresas despiden y recontratan a los mismos trabajadores solo para acceder al subsidio, se distorsionaría completamente su propósito. El diseño del SUE impone restricciones para evitarlo, pero la supervisión deberá estar a la altura del reto.
Respecto a su impacto esperado, las autoridades han estimado que podría beneficiar hasta 750 mil personas por año, una cifra nada despreciable. Si se logra avanzar rápido en el Congreso y se implementa de forma efectiva, podríamos comenzar a ver sus efectos hacia fines de 2025. En un contexto donde cada punto de participación laboral cuenta, esto podría generar un cambio significativo, sobre todo en mujeres, jóvenes y adultos mayores.
Por sí solo, el SUE no solucionará todos los problemas del mercado laboral. Pero es una señal política y técnica clara de que se puede actuar con sentido de urgencia y con foco en los que más lo necesitan. Si esta política logra consolidarse y cumplir su objetivo, no solo estaremos viendo un nuevo subsidio, sino una forma más equitativa y eficaz de fomentar el empleo. Ahora, toca que la promesa se traduzca en oportunidades concretas.
