Por: Alberto Juárez, VP Digital ID & Trust, Sovos
En Chile, casi el 40% de los pasajeros evade el pago del transporte público, según cifras del Ministerio de Transportes, generando un agujero financiero que impide modernizar un sistema ya tensionado.
Ante este desafío, se ha lanzado un plan piloto que implementa reconocimiento facial como medio de pago en algunos buses de la línea 406 de la Red Metropolitana de Movilidad. El objetivo: agilizar el acceso, reducir la evasión y detectar fraudes en beneficios como la TNE o la tarjeta del adulto mayor.
Este tipo de iniciativas no es aislado. En países como China, el reconocimiento facial ya reemplaza a la tarjeta física en múltiples sistemas de transporte. Finlandia y algunas ciudades en EE. UU. han probado tecnologías similares, y en Colombia se exploran pilotos con biometría facial para agilizar el pago en TransMilenio. En todos estos casos, la tecnología promete eficiencia, reducción de costos operativos y mayor seguridad.
La biometría facial, cuando se implementa con altos estándares de seguridad, es una de las formas más eficientes de autenticar identidades en tiempo real. Y los beneficios son muchos: Elimina el uso de tarjetas físicas susceptibles de extravío o mal uso, agiliza el ingreso de miles de pasajeros cada día y reduce los costos asociados al control manual de pagos, aportando eficiencia al sistema de transporte y comodidad a los usuarios.
Por lo demás, su uso es simple y voluntario. Para sumarse al sistema, el usuario debe registrarse en un punto de enrolamiento autorizado o a través de una app oficial. Durante ese proceso, se toman los datos personales, una fotografía del rostro y se vincula esa información al medio de pago del usuario. Una vez enrolado, basta con subir al bus y mirar hacia la cámara: en segundos, el sistema reconoce el rostro y autoriza el viaje.
Pero el avance tecnológico no puede ir desligado de un debate de fondo: la protección de los datos personales y la confianza ciudadana.
En este punto cabe preguntarse: ¿estamos las personas dispuestas a compartir nuestros datos biométricos? Según la Encuesta de Tecnologías Biométricas de GetApp de 2024, solo el 5% de los consumidores confía en que las empresas tecnológicas protejan esta información. De acuerdo a otro estudio de Aware de 2024, más del 40% de los encuestados expresó incomodidad o neutralidad respecto al uso de biometría en espacios públicos, lo que resalta la necesidad de una mayor comunicación y claridad en la gestión de datos.
La biometría facial es un dato personal sensible, y su uso requiere un marco legal sólido que regule el almacenamiento, tratamiento y posibles accesos indebidos a esta información. En Chile, la nueva Ley de Protección de Datos Personales, que entrará en vigor en diciembre de 2026, establece principios de transparencia, consentimiento explícito y proporcionalidad en el tratamiento de datos, además de multas significativas por incumplimientos.
Por eso, cualquier implementación de estas tecnologías en el transporte público debe contemplar el consentimiento informado y voluntario de los usuarios, sin penalización por no inscribirse; el uso de la información solo para la finalidad específica de validación de pago; tiempos de retención de datos limitados y protocolos de eliminación; medidas de seguridad robustas ante ciberataques que puedan exponer datos sensibles y transparencia sobre algoritmos utilizados, para minimizar sesgos y errores de identificación.
La tecnología es un habilitador de ciudades más inteligentes, pero no puede convertirse en una herramienta de vigilancia masiva ni en un riesgo para la privacidad de los ciudadanos. El desafío está en lograr el equilibrio entre eficiencia, seguridad y respeto de los derechos de las personas, y Chile tiene hoy la oportunidad de demostrar que se puede utilizar la identidad digital y la biometría en el transporte público de forma responsable.